Una enorme torre desvirtúa la mirada, se apropia de la visión, protagoniza los pasos de todo aquel que se adentra en la cárcel hispalense Sevilla II, ubicada en Morón de la Frontera. El pórtico de la entrada apenas se aprecia ante la gigantesca edificación que se alza en el interior del centro penitenciario, que aglutina la sensación del recluso, que asume el papel principal de todo horizonte. Dentro, en las entrañas de la instalación, trece presos de la banda terrorista ETA cumplen sus penas. Detrás de sus perfiles, de sus nombres, de su barbarie; detrás de su aterradora versión del conflicto se acumulan cientos de años de condenas, cientos de historias de sufrimiento, miles de lágrimas vertidas ante sus incomprensibles y detestables actos.
La sangre que mancha sus manos escribieron decenas de crónicas en papel, locutaron muchísimas horas de televisión y radio. Su pasado se relata en pólvora, se percute a 9 milímetros; y desgarra el alma de madres, hijos, tíos, abuelos, primos y amigos de las víctimas. La Democracia les ganó la batalla y la guerra a la banda; derrotó a los asesinos. Y ahora que la historia avanza, que se abre el futuro; ahora, justo ahora, no deben olvidarse las historias de quienes padecieron en el camino. Los muertos tienen que estar presentes. Y no pueden olvidarse los atroces delitos que cometieron. Estos son los 13 rostros de ETA en Sevilla. Este es su repugnante pasado:
Capítulo 1: Iker Aguirre Bernadal
Todo ocurrió el 25 de enero de 2007. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a Iker Aguirre en Port Bou (Gerona), cuando éste se encontraba en un tren procedente de Perpignan y con destino a la estación de Sants de Barcelona. Los efectivos de las fuerzas de seguridad lo interceptaron en un control; y, en ese momento, Bernardal portaba seis DNI falsos, 3.000 euros en metálico y manuales para la fabricación de explosivos, según informó el Ministerio del Interior, que lo calificó como un "liberado" de ETA (un no fichado).
Baltasar Garzón instruyó el caso. El juez dictó contra él prisión sin fianza y le imputó los delitos de pertenencia a banda armada, conspiración para cometer estragos y asesinatos terroristas, y falsificación de documentos. Posteriormente, en marzo de 2010, la Audiencia Nacional dictó sentencia. Los magistrados de la sección cuarta de la sala de lo Penal condenaron a Aguirre a ocho años de prisión: cinco por colaboración con ETA y tres por falsificar DNI.
Por el contrario, le absolvieron del tercer delito. El tribunal consideró que no quedó suficientemente acreditado que el acusado accediera a España con la intención de aglutinar información de la Copa América de vela para ejecutar, posteriormente, una intensa campaña de atentados en la costa de Levante; según exponía el Ministerio Fiscal.
Fotografía del archivo de la Policía Nacional
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